LEVANTE, 19 Julio 2010

La actuación del Banco de España en todo este proceso también empieza a estar muy cuestionada. La amenaza de intervención de la CAM si el SIP con Cajastur no se lleva a efecto puede haberse esgrimido, pero las gravísimas consecuencias de una actuación así no recaerían sólo sobre la CAM (cuyos directivos podrían ser apartados y sus consejeros sometidos a responsabilidad), sino también sobre el propio Banco de España, que tendría que explicar muy claramente las razones de esa intervención y, sobre todo, cuál ha sido su papel en los últimos años.
El Banco de España ha mantenido, desde hace más de dos años, permanentemente, varios inspectores en Alicante, en la sede central de la CAM, supervisando todas sus operaciones. Además, concedió autorización a la CAM para que invirtiera en el exterior (México, Costa Rica), para que comprara una sociedad de banca privada en México con la intención de obtener ficha bancaria en aquel país y, sobre todo, para que emitiera cuotas participativas y se convirtiera en la primera entidad de ahorro en cotizar en Bolsa.
¿Si la situación de la CAM era tan mala como para que ahora pueda barajarse una intervención, cómo es posible que el organismo supervisor que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez diera el visto bueno a todas estas operaciones? ¿Y cómo puede pedirle responsabilidades a un consejo al que en ninguna comunicación, al menos formalmente, advirtió de ninguna situación anómala? En cualquier caso, es cierto que el Banco regulador no ha hecho públicamente amenaza alguna, sino que intenta reconducir mediante el diálogo la situación.

Reacción tardía
Pero eso también comienza a ser objeto de crítica, puesto que empresarios, políticos y sindicatos, más allá del propio consejo de la CAM, se preguntan por qué Fernández Ordóñez ha tardado tanto en reaccionar y ha permitido que el enfrentamiento entre CAM y Cajastur llegara a las portadas de los periódicos, con el coste de imagen que ello supone.